La regulación sobre cómo los Estados miembros de la Unión Europea deben establecer sus regímenes de ayuda a las energías renovables queda recogida en la Directiva Sobre Energías Renovables (2009/28/CE), que dota de una amplia libertad a los Estados miembros a la hora de elegir los regímenes de ayuda.
Si bien es cierto que España siempre ha sido uno de los países líderes en el apoyo a las energías renovables, el marco normativo cambió en 2007. Antes del año 2007 el nivel de ayuda para la energía fotovoltaica era relativamente elevado, lo que provocó la expansión de la capacidad fotovoltaica instalada. Pero esa expansión del sector fotovoltaico sumado a otros factores externos, provocaron el déficit en el sector eléctrico español. Este déficit se utilizó como justificación oficial para recortar ostensiblemente el sistema español de ayudas a las energías renovables1, a través de reales decretos para recortar el apoyo a estas energías e introducir un impuesto del 7% para la generación de electricidad para todas las instalaciones. Estos cambios legislativos de carácter retroactivo y la moratoria para el apoyo a las instalaciones ya existentes, provocaron que las inversiones en la energía fotovoltaica casi desaparecieran; la pérdida de ingresos para los propietarios de las instalaciones y una grave pérdida de empleo en la industria2. Además, en 2015 se introdujo una nueva Ley sobre el autoconsumo, que estableció el llamado «impuesto solar» ya que se aplicaba únicamente a la electricidad solar autogenerada.
Sin embargo, a partir del año 2018 y el año 2019 se estableció un nuevo marco normativo liberalizado, que se concretó en el Real decreto de Autoconsumo 244/2019 y el Real decreto ley 15/2008, a través de los que se eliminaron las barreras económicas y administrativas, incluyendo el “impuesto al sol”-. Además, se estableció un mecanismo de compensación simplificada, a través del cual los autoconsumidores pueden recibir una compensación económica por los excedentes de energía que vierten en la red3.3.
Es importante entender que los regímenes de ayuda y la legislación sobre el autoconsumo resultan esenciales para hacer viables las energías renovables, por lo que el marco regulador debe seguir avanzando en el ámbito del autoconsumo. Por ejemplo, es esencial que se defina una tarifa eléctrica que acompañe al proceso de transición ecológica y que se erradiquen las barreras que siguen existiendo en el autoconsumo y la eficiencia energética. Una medida relevante sería bajar el peso de la parte fija de la luz en la media de la Unión Europea que se sitúa en un 23%, frente a la de España que se sitúa en un 40% -siendo el término fijo más alto de la Unión Europea-, además de aumentar el precio de la parte variable. A través de estas medidas no sólo los consumidores podrán ver reflejados en su factura los ahorros energéticos y económicos, sino que se les incentivará a realizar un uso racional de la energía4.
Aunque la renovación legislativa establecida por el Real decreto 244/2019 ha sido bien recibida por el sector, la comparación con el marco legislativo de otros países europeos es necesaria. Por ejemplo, Alemania, que es uno de los países líderes globales de producción de energía limpia, registra una de las producciones de energía fotovoltaica más altas del mundo, aún estando muy lejos de ser el país con más horas de sol al año. En Alemania, más del 39% del consumo neto del país procede de sistemas renovables, con un 7% proveniente de la energía fotovoltaica5. Esto ha sido posible gracias a la Ley de Energías Renovables del año 2000, que garantizó a los productores de autoconsumo solar una retribución a precio fijo por el vertido de la energía en la red general durante un período de 20 años. Además, también estableció un sistema de subasta para los grandes productores, lo que fue esencial para el crecimiento del sector. El Gobierno Alemán incluso modificó las normativas en 2019 ya que consideraba que el mercado de las energías renovables estaba sobre-subvencionado6. Por su parte, Francia presentó en 2015 la Ley de Transición Energética para el Crecimiento Verde que introducía planes de mejora para la eficiencia energética de edificios para apoyar el autoconsumo. Además, el gobierno francés se comprometió a incrementar el presupuesto para las energías renovables en unos 71.000 millones de euros hasta 2028, con el claro objetivo de quintuplicar la de energía fotovoltaica7.
Por consiguiente, a pesar de que la nueva normativa del autoconsumo posiciona a España más cerca de otros países de la Unión Europea, sigue lejos de ser un país pionero en el impulso y promoción de las energías renovables y el autoconsumo energético. Por tanto, España debería seguir evolucionando en la normativa del autoconsumo y las renovables, no simplemente por los evidentes beneficios a nivel medioambiental sino por el potencial, en este caso, fotovoltaico de este país. En España producir un megavatio de energía fotovoltaica cuesta 30 euros, mientras que en Alemania o Francia cuesta 40 euros y en Reino Unido 60, sumado a la abundancia de horas de sol que existe en España. Además, los beneficios no serían simplemente medioambientales sino económicos puesto que sería una oportunidad para reducir la dependencia del petróleo y gas exterior que conlleva cada año 40.000 millones de euros..
